El 5 de enero de 2017 fue emitida la Ley 19.484 de Transparencia Fiscal y el 3 de julio del corriente a\u00f1o fue publicado su decreto reglamentario 166\/017. En ellos se obliga a determinadas estructuras jur\u00eddicas a identificar a sus beneficiarios finales y comunicarlos al BCU. Dicho organismo, mediante la circular 133\/2017, estableci\u00f3 la forma y los formularios que deben ser presentados. Los mismos tienen car\u00e1cter de declaraci\u00f3n jurada y deben ser enviados v\u00eda web, con firma digital de escribano p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n
El incumplimiento de informar conlleva la suspensi\u00f3n del Certificado \u00fanico de DGI, y la prohibici\u00f3n de distribuir utilidades.<\/p>\n\n\n\n
El decreto define beneficiario final a la persona f\u00edsica<\/strong> que, directa o indirectamente, posea como m\u00ednimo el 15% del capital integrado o su equivalente, o de los derechos de voto, que por otros medios ejerza el control final sobre una entidad, ya sea a trav\u00e9s de otra persona jur\u00eddica, un fideicomiso, un fondo de inversi\u00f3n o cualquier otro patrimonio de afectaci\u00f3n o estructura jur\u00eddica, con o sin personer\u00eda jur\u00eddica.<\/p>\n\n\n\n \u2022 SOCIEDADES ANONIMAS CON ACCIONES AL PORTADOR<\/strong>
Estas sociedades ya est\u00e1n obligadas a identificar a sus titulares seg\u00fan la Ley 18.930. Adicionalmente deben identificar a sus beneficiarios finales ante dicho registro, dentro de los 60 d\u00edas calendario a partir del 1ero de agosto de 2017.<\/strong><\/p>\n\n\n\n